Tengo que decirlo: estoy muy satisfecho con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 30/04/2015 sobre el proceso de externalización de seis hospitales públicos madrileños. Desde Ribera Salud, no hemos querido hacer declaraciones en público sobre este asunto porque no deseamos participar en esta ‘permanente’ confrontación sobre lo público y lo privado, un debate que se acentúa, especialmente, en período electoral. No obstante, sí quiero dejar constancia de mi satisfacción, más absoluta y sincera, en mi blog. Y no lo hago, no, porque tuviera duda alguna sobre la constitucionalidad de la colaboración público privada en España. Estaba seguro de su constitucionalidad. Y tampoco lo hago, no, por el respaldo moral que supone, para la Consejería de Sanidad de Madrid, que el más alto tribunal de nuestro país le haya dado la razón tras la retirada del concurso público.
Mi satisfacción es porque el Tribunal Constitucional, por unanimidad de sus miembros, ha dictaminado que la gestión privada de la sanidad pública está amparada en el marco de la Constitución Española.
Mi satisfacción es porque el más alto tribunal de España, por unanimidad de sus miembros, ha declarado que la Constitución Española protege el derecho a la salud de todos los españoles y que la gestión indirecta, por medios privados, no atenta contra ese derecho. (Si se me permite, en mi opinión, está contribuyendo a hacer sostenible este derecho en el tiempo).
Mi satisfacción es porque, por primera vez, el Tribunal Constitucional ha entrado en el fondo de la cuestión y ha dejado claro que, tanto la gestión directa de la sanidad pública a través de la Administración, como la gestión indirecta de la sanidad pública a través de la colaboración público privada, sirven para defender, proteger y mantener el derecho de los españoles a recibir asistencia sanitaria pública.
Creo que esta sentencia marcará un antes y un después en las bases jurídicas de nuestro modelo de entender la gestión sanitaria. Ya no se trata de que la Ley 15/97 permita nuevas fórmulas de gestión, no. Esta vez, la Constitución Española es la que defiende un derecho y respalda que se puedan utilizar distintos instrumentos y fórmulas administrativas para hacer posible este derecho. Y, además, se ha manifestado con la unanimidad de todos sus miembros.
Me alegra trabajar en un modelo de colaboración público privado que permite hacer cumplir la Constitución Española a los diferentes Gobiernos garantizando, al mismo tiempo, que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a la salud y a la protección pública, en un estado de bienestar democrático y avanzado.
